Durante la jornada de este viernes, el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, confirmó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay a la empresa Jan De Nul, de origen belga, aunque constituida bajo la razón social Sofidra S.A., con sede en Capellen, Luxemburgo, un país tildado como uno de los tantos paraísos fiscales que existen en el mundo. La adjudicación no fue en solitario, ya que la firma está asociada con la empresa argentina Servimagnus.

Fundada en 1849, la firma europea evolucionó con el correr de las décadas hasta consolidarse como uno de los principales proveedores globales de soluciones integrales bajo el modelo EPCI (Ingeniería, Adquisición, Construcción e Instalación). Impulsada por capitales exclusivamente familiares, la dirección estratégica recae en la denominada "sexta generación", debido a que Julie De Nul lidera el desarrollo del capital humano y Pieter Jan De Nul supervisa los proyectos internacionales, acompañados en el directorio por figuras históricas como J.P.J. y Dirk De Nul.

Ese crecimiento llevó a que, en 2025, el grupo unificara su identidad corporativa bajo la marca "World Builders", que reúne sus cuatro principales áreas de negocio: servicios marítimos y dragado, energía offshore, grandes obras civiles y remediación ambiental de tierras y aguas.

Foto: Linkedin - Julie De Nul

El interés por la Hidrovía

No se trata de la primera incursión de la empresa en el país, debido a que Jan De Nul opera la ruta fluvial del Paraná de forma ininterrumpida desde su primera concesión, otorgada en 1995. En este contexto, su principal apuesta en Argentina es quedarse con la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraná-Paraguay), un corredor logístico estratégico por el que circula alrededor del 80% de las exportaciones agroindustriales del país.

Para esta nueva licitación, la mayor privatización de la actual gestión de gobierno, Jan De Nul se presentó en consorcio con Servimagnus, una empresa local vinculada a la familia del empresario logístico Alfredo Román, para una concesión con un plazo de 25 años que proyecta inversiones cercanas a los 10.000 millones de dólares.

Foto: Linkedin - Leonardo Román (Vicepresidente Servimagnus SA y sobrino de Alfredo Román)

El pliego exige a la empresa la profundización del canal hasta los 44 pies (para permitir el ingreso de buques de mayor porte) y la modernización tecnológica del balizamiento y los sistemas de seguridad. El modelo no requiere fondos del Estado, ya que la empresa financiaría las obras mediante el cobro directo de peajes a las navieras. Según estimaciones oficiales, la modernización le ahorraría al sector agroexportador entre 35 y 40 millones de dólares anuales.

La judicialización del proceso

Una de las principales denuncias fue la presentada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que impulsó una denuncia penal por presunta asociación ilícita contra altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el asesor presidencial Santiago Caputo. La acusación sostiene que el pliego fue diseñado para favorecer a Jan De Nul, al exigir la disponibilidad inmediata de dragas para operar a 44 pies, un requisito que, según los denunciantes, la empresa belga era la única en condiciones de cumplir en el corto plazo.

Foto: Santiago Caputo (NA)

A esto se sumaron las observaciones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que advirtió sobre presuntas irregularidades en el proceso. Entre ellas, señaló la falta de estudios de impacto ambiental y cuestionó la fijación de un "precio mínimo", al considerar que esa medida anuló la competencia tarifaria y dejó la definición prácticamente limitada a los antecedentes técnicos de las oferentes.

En paralelo, la licitación derivó en un fuerte enfrentamiento con su principal competidora, la también belga DEME Group. Fue así como Jan De Nul pidió la descalificación de la empresa al denunciar 14 presuntas irregularidades, entre ellas garantías inválidas y evasión del IVA en la oferta presentada. Como respuesta, DEME acusó públicamente a Jan De Nul de mantener vínculos con capitales estatales chinos y denunció la incorporación de documentos falsificados de Naciones Unidas en el expediente gubernamental.

Los conflictos en Argentina

En 2018, por los testimonios de Gabriel Romero, titular de EMEPA (socio argentino de Jan De Nul en ese entonces) la firma quedó mencionada en la "Causa Cuadernos" dado que confesó ante la Justicia que en 2010 habría pagado USD 600.000 a funcionarios de aquella época para asegurar la extensión de la concesión por decreto. Ante esto, la multinacional belga se despegó de la maniobra y negó cualquier conocimiento de los pagos y responsabilizando exclusivamente a la directiva de su socio local.

Foto: La Nación (Gabriel Romero, titular de EMEPA)

Actualmente, y en paralelo a la nueva concesión, la Justicia civil dirime un reclamo de Jan De Nul contra el Estado argentino por una presunta deuda impaga de 78 millones de dólares correspondiente a operaciones pasadas.

Choques judiciales a nivel internacional

Los conflictos también han trascendido otras fronteras, de hecho, uno de los casos más resonantes ocurrió en Ucrania. En 2016, el Comité Antimonopolio anuló un contrato adjudicado a la empresa para obras en el puerto de Yuzhny tras detectar que su oferta era más costosa y contemplaba plazos de ejecución más extensos que los de la competencia. La investigación también expuso que el director de la filial local actuaba como presunto testaferro de un parlamentario ucraniano y que la titularidad de la compañía había sido trasladada a jurisdicciones offshore durante el proceso.

Otro frente involucró, una vez más, a DEME, su principal competidora. En el marco de un contrato en Siberia, Jan De Nul denunció a la firma belga por el presunto pago de sobornos y presentó como prueba una serie de correos electrónicos internos. La disputa derivó en un extenso proceso judicial que concluyó en febrero de 2026, cuando el Tribunal de Apelación de Gante validó esos correos, al revertir un fallo de primera instancia que los consideraba obtenidos de forma ilícita mediante un hackeo, aunque finalmente absolvió a DEME al determinar que los destinatarios de los pagos no podían ser considerados funcionarios públicos bajo la figura penal de cohecho.

Foto: Belga News Agency

En Egipto, durante las obras de ampliación del Canal de Suez en la década de 1990, el consorcio liderado por Jan De Nul demandó al Estado ante el CIADI por presunto "dolo y falsedad ideológica". La empresa sostuvo que las autoridades habían ocultado que más del 40% del lecho marino estaba compuesto por roca dura, cuando los pliegos indicaban apenas un 3%, y reclamó una compensación de 74 millones de dólares por los sobrecostos operativos. El litigio internacional concluyó formalmente en 2008.

De esta manera, con la adjudicación formalizada, Jan De Nul se prepara para asumir las obras de dragado y balizamiento de la Hidrovía por los próximos 25 años. Sin embargo, la ejecución operativa del contrato avanzará en paralelo a las investigaciones judiciales en curso. El desarrollo de las causas penales en Comodoro Py, las revisiones de los organismos de control y la resolución de las impugnaciones determinarán en el corto plazo la viabilidad política y legal de la nueva concesión.