El Gobierno nacional implementará desde este lunes un nuevo protocolo para el control y la protección de la propiedad intelectual de las semillas, una medida con la que busca fortalecer los derechos de los desarrolladores de genética vegetal y que, según estimaciones oficiales, podría impulsar exportaciones por más de US$4.000 millones al año.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien destacó que el sistema permitirá modernizar los mecanismos de control sobre las variedades registradas. "Cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas", sostuvo.

La iniciativa fue formalizada a través de la Resolución Conjunta 3/2026 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El objetivo es verificar la identidad varietal de los granos en el primer punto de entrega para garantizar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual de quienes desarrollan nuevas tecnologías para el sector. Desde el Ejecutivo explicaron que los avances tecnológicos permiten identificar variedades de semillas en tiempos mucho más reducidos y con mayor precisión, lo que facilita la detección de eventuales infracciones y fortalece los controles administrativos.

El nuevo esquema establece que los establecimientos que funcionen como primer punto de entrega de granos deberán estar registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), mientras que las muestras deberán ser tomadas bajo los protocolos vigentes de calidad y muestreo. Los análisis solo podrán ser realizados por Cámaras Arbitrales o entidades privadas habilitadas mediante convenios con el INASE. Los resultados deberán comunicarse de manera simultánea al titular de la variedad y al productor involucrado.

Además, la normativa prevé que tanto las muestras analizadas como las de respaldo permanezcan resguardadas durante 60 días corridos, plazo durante el cual podrán realizarse reclamos o revisiones vinculadas al procedimiento. Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la protección de la innovación tecnológica en el agro y generar un marco de mayor previsibilidad para la inversión en desarrollo genético.