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El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca profundizar el ajuste en el sector público.

La motosierra no se detiene y el Gobierno busca profundizar el ajuste ministerio por ministerio. El encargado de ejecutar esta política de Estado es Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, cuyo equipo comenzó a recorrer las distintas carteras nacionales en las últimas semanas para auditar el funcionamiento de cada área.
El objetivo de estas inspecciones es revisar cuántas personas se desempeñan en cada oficina, qué tareas cumplen, si la dotación actual es necesaria y si es posible realizar el mismo trabajo con menos personal. Según trascendió, los funcionarios de Sturzenegger dejaron en claro ante los ministros la directiva oficial: avanzar con más recortes de trabajadores estatales durante la segunda mitad del año.
Mientras los funcionarios de primera línea confían en que se cumplirán las metas de ajuste sin mayores inconvenientes, otras voces dentro de la propia administración muestran reparos y advierten que nuevas bajas podrían generar dificultades operativas en la gestión diaria.
Ante este panorama, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anticipó un escenario de alta conflictividad para el cierre del año. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, aseguró que el gremio va a confrontar las medidas y exigió la reapertura inmediata de las paritarias. Advirtieron, además, que se multiplicarán las protestas en el sector público si no obtienen respuestas.
Por su parte, desde la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, manifestaron preocupación por el impacto de las políticas oficiales. Señalaron que los despidos alcanzaron a empleados con más de una década de antigüedad y alta formación, quienes incluso habían aprobado los exámenes de idoneidad dispuestos por el propio Gobierno.
Asimismo, criticaron la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales y defendieron el rol de la estructura pública, y sostuvieron que se puede buscar la eficiencia pero sin destruir la capacidad del Estado para contener a los sectores más vulnerables.

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