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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito suma ahora el análisis de su patrimonio digital.

La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito incorporó un nuevo elemento: movimientos de dinero realizados mediante criptomonedas. Según trascendió, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibió informes de plataformas virtuales que confirmarían operaciones vinculadas al funcionario nacional.
La investigación busca determinar si esos activos digitales fueron correctamente declarados y si existe correlación entre los ingresos oficiales de Adorni y los movimientos financieros detectados. De acuerdo con la denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, el funcionario habría movido al menos tres millones de dólares a través de billeteras virtuales.
El expediente tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo y ya había avanzado días atrás con el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti. La Justicia intenta reconstruir el patrimonio completo del funcionario, incluyendo propiedades, gastos en efectivo y operaciones financieras no informadas públicamente.
La pesquisa tomó impulso luego de distintas revelaciones periodísticas sobre compras inmobiliarias, refacciones pagadas en efectivo y supuestos gastos incompatibles con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete. Una de las líneas investigativas apunta además a presuntos pagos realizados mediante criptomonedas y la existencia de equipos de minería digital en propiedades vinculadas al funcionario.
En paralelo, la oposición reclama explicaciones públicas por parte del Gobierno. Marcela Pagano incluso pidió la detención de Adorni al acusarlo de intentar presionar a testigos relacionados con la causa.
Desde la Casa Rosada evitaron hacer comentarios detallados sobre el avance judicial, aunque el presidente Javier Milei sostuvo públicamente su respaldo político al jefe de Gabinete. Mientras tanto, la investigación continúa sumando medidas de prueba para determinar el origen y la legalidad de los fondos bajo análisis.

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