El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi habilitó una batería de medidas de prueba para avanzar con la investigación al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria, a partir de un pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

El magistrado dio lugar a profundizar la pesquisa apenas horas antes de iniciar una licencia, dejando abierto un frente judicial sobre uno de los funcionarios clave del esquema recaudatorio.

El impulso de la causa lo encabezó el fiscal de la Procuraduría, Sergio Rodríguez, quien planteó que existen elementos suficientes para investigar inconsistencias patrimoniales. En su dictamen, sostuvo que Vázquez habría omitido información en sus declaraciones juradas, lo que podría configurar delitos más amplios que los inicialmente analizados.

La investigación, iniciada a fines de 2024, apunta a reconstruir el circuito de fondos del funcionario y su entorno. En el centro aparecen tres propiedades en Miami valuadas en más de USD 2 millones que no habrían sido declaradas ante organismos de control. A partir de esos indicios, la hipótesis judicial se amplió hacia posibles maniobras de lavado y evasión.

La investigación 

Uno de los focos está puesto en la firma Consultora San Andrés, vinculada a Vázquez y a su hermana, bajo sospecha de haber funcionado como pantalla. También se analiza la compra de un triplex en Puerto Madero —dentro del complejo Los Molinos— y una serie de operaciones inmobiliarias que podrían haber sido subvaluadas.

Las medidas ordenadas incluyen pedidos de información a organismos públicos y privados, desde registros de propiedades y automotores hasta datos bancarios, seguros y movimientos migratorios. También se solicitarán exhortos internacionales para seguir la ruta del dinero entre Argentina, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.

En paralelo, la Justicia buscará reconstruir consumos, viajes y uso de bienes del entorno familiar, con el objetivo de determinar si existe un desfasaje entre los ingresos declarados y el patrimonio real.

El avance judicial contrasta con la postura del oficialismo. El asesor Santiago Caputo, que es uno de los principales respaldos de Vázquez, insiste en que se trata de un caso ya juzgado. La resolución del juez, sin embargo, desarma ese argumento y reactiva la investigación.

Vázquez ya había sido investigado en 2007 por presuntos movimientos de dinero no declarado en el exterior. Aquella causa terminó cerrándose años después, en medio de dificultades para obtener información de cuentas en paraísos fiscales. Esta vez, el foco es distinto, ya que incluye propiedades en Estados Unidos y un entramado societario más amplio.