El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en las tarifas de gas que comenzará a impactar en las facturas desde el 1 de abril. La medida se da en un contexto de subas generalizadas en los servicios públicos y vuelve a presionar sobre los ingresos de los hogares y la inflación, en la antesala de los meses más fríos.

A través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se aprobaron los nuevos cuadros tarifarios para las principales distribuidoras del AMBA, Metrogas y Naturgy BAN, lo que redefine tanto los valores para usuarios residenciales como comerciales.

El ajuste no será uniforme, ya que el impacto final dependerá del nivel de consumo y de la segmentación de subsidios vigente. En ese sentido, los usuarios residenciales sin asistencia estatal verán reflejados incrementos plenos en sus facturas.

Nuevos cuadros tarifarios

Entre los valores de referencia, el cargo fijo mensual más bajo (categoría R1) rondará los $3.824 en la Ciudad de Buenos Aires y los $4.416 en el conurbano bonaerense. En contraste, para los hogares de mayor consumo (categoría R4), los cargos fijos pueden superar los $91.000 mensuales.

El nuevo esquema mantiene un sistema de bonificaciones segmentadas, orientado a sostener el acceso al servicio en los sectores más vulnerables. Estas ayudas se aplican a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, que busca cubrir una parte del consumo básico.

La actualización tarifaria forma parte del proceso de reordenamiento del sector energético que impulsa el Ejecutivo. Dentro de ese esquema, se estableció como referencia el Precio Anual Uniforme (PAU), un valor que define la Secretaría de Energía y que sirve como base para trasladar el costo del gas a los usuarios finales.

Además, el ajuste se enmarca en la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para el período 2025-2030, que contempla aumentos mensuales consecutivos y ajustes periódicos según índices regulatorios.

El incremento llega en un momento sensible debido a que en marzo un hogar promedio del AMBA sin subsidios necesitó más de $213.000 para cubrir la canasta de servicios, con fuerte incidencia de la energía y el agua, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).