A través de una publicación en el Boletín Oficial, se formalizó el nombramiento de Gabriela Zangaro.

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La Policía de Seguridad Aeroportuaria se presentó en el canal estatal por orden del juez Ariel Lijo para recolectar documentación vinculada a un periodista cercano al jefe de Gabinete. Investigan posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

En un nuevo avance de la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó este viernes en el edificio de la TV Pública con un oficio judicial.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal Ariel Lijo y tuvo como objetivo recolectar documentación oficial sobre las contrataciones de una productora vinculada al periodista Marcelo Grandío, quien mantiene una relación cercana con el funcionario.
La causa busca determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de los vínculos entre el entorno de Adorni y el canal estatal.
El foco de la sospecha se originó tras un viaje privado a Punta del Este que el jefe de Gabinete compartió con Grandío. Según la hipótesis que maneja la fiscalía, se intenta establecer si el pago de ese vuelo pudo haber funcionado como una contraprestación por los contratos que el periodista mantiene con la emisora pública.
Fuentes judiciales confirmaron que el requerimiento de información no se limitó únicamente a los montos de las contrataciones, sino que también abarcó aspectos vinculados al control laboral.
En ese sentido, la Justicia solicitó los registros de ingresos y egresos del periodista, así como la justificación de eventuales inasistencias. El objetivo es verificar si el vínculo con la TV Pública se ajustaba a las normativas vigentes o si, por el contrario, existía una estructura de beneficios irregulares.
El procedimiento de la PSA forma parte de una serie de medidas impulsadas por el juzgado para avanzar en la recolección de pruebas. Por el momento, no hay imputaciones confirmadas, pero la investigación continúa en etapa preliminar.
Con este nuevo movimiento, el expediente suma un capítulo clave en el intento de esclarecer si hubo irregularidades en la relación entre funcionarios públicos y contrataciones dentro de medios estatales.

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