La primera audiencia pública informativa para debatir la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados arrancó esta mañana envuelta en un clima de máxima tensión y una impugnación formal. El proceso, que busca modificar la protección del ambiente periglacial para facilitar la actividad minera, fue denunciado por legisladores de la oposición y organizaciones ambientales como una "farsa" debido a las fuertes restricciones impuestas a la participación ciudadana.

El conflicto estalló apenas iniciada la jornada, cuando un grupo de diputados encabezado por Maximiliano Ferraro presentó un pedido de impugnación administrativa del acto. El argumento principal reside en la abismal brecha de representatividad: de los más de 102.000 ciudadanos y especialistas que se inscribieron para exponer, el oficialismo solo habilitó a 360 oradores (menos del 0,3% del total) para participar durante las dos jornadas previstas. Según la presentación judicial y administrativa, este esquema vulnera el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente, que exigen una participación "amplia, real y efectiva".

La tensión escaló dentro del recinto cuando se anunció, de forma sorpresiva, la reducción del tiempo de exposición de cinco a cuatro minutos por persona. Además, varios expositores denunciaron dificultades para ingresar al Congreso, lo que obligó a interrumpir el debate en varias oportunidades. Marta Maffei, autora de la ley original de 2010, y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, fueron algunas de las voces que se manifestaron en contra de las modificaciones, advirtiendo que "el agua no reconoce jurisdicciones políticas" y que la reforma pone en riesgo el suministro de 39 cuencas hídricas que abastecen a siete millones de argentinos.

Pese a los intentos de la oposición por suspender el encuentro, el oficialismo decidió continuar con el cronograma, respaldándose en que la Justicia Federal ya rechazó varias medidas cautelares previas que buscaban frenar el debate. Desde el Gobierno defienden el proyecto alegando que busca "consolidar un federalismo ambiental" y dar previsibilidad a las inversiones mineras en provincias como San Juan y Catamarca.

Mientras en el interior de la Cámara se escuchaban críticas técnicas sobre el impacto irreversible de la minería a cielo abierto en zonas de reserva estratégica de agua dulce, en las afueras del Congreso diversas agrupaciones ambientalistas y de pueblos originarios mantenían una ruidosa protesta bajo la consigna "hacer fila hasta que nos dejen hablar". El debate continuará mañana de manera virtual, aunque la oposición ya adelantó que la ley, de obtener sanción definitiva, enfrentará una inmediata ola de judicialización por inconstitucionalidad