El fiscal federal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, pidió el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber participado en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 y que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Además, solicitó la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, señalado como la mano derecha del líder supremo iraní Ali Khamenei.

Según el dictamen, Hejazi presidía el Comité Vijeh, un organismo iraní en el que se habría recopilado información sobre la mutual judía, analizado el objetivo y propuesto la concreción del ataque. Una vez aprobada la operación, también habría intervenido en su implementación y coordinación general.

La vinculación de Hejazi con el atentado en la sede de la calle Pasteur al 633 surgió en diciembre pasado, a partir de las declaraciones de cuatro disidentes de la República Islámica que testificaron ante Basso en Francia y aportaron documentación. Con esos elementos, el fiscal requirió su indagatoria, la declaración en rebeldía y la emisión de una orden de captura internacional. El planteo quedó a estudio del Juzgado Federal N° 6, a cargo de Daniel Rafecas.

En paralelo, Basso pidió el procesamiento de los mismos diez iraníes y libaneses respecto de los cuales Rafecas ya había dispuesto el juicio en ausencia. Todos permanecen prófugos, con alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006.

Entre los acusados figuran el ex ministro de Inteligencia, Alí Fallahian; el ex canciller, Alí Akbar Velayati; el ex comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai; y Ahmad Vahidi, que encabezaba la fuerza Al Quds y recientemente fue designado al frente de la Guardia Revolucionaria. La nómina también incluye a quienes se desempeñaban como diplomáticos en Buenos Aires, como el ex embajador, Hadi Soleimanpour; el ex consejero cultural, Mohsen Rabbani; y el tercer secretario, Ahmad Reza Asghari. La UFI AMIA sostiene que integraron una red de espionaje encubierta bajo cargos oficiales.

El listado se completa con integrantes de Hezbolá. El principal señalado es Salman Raouf Salman, a quien se le atribuye haber dirigido las acciones finales en el país tras ingresar clandestinamente. También está acusado su hermano, Abdallah Salman, por el manejo de fondos destinados a financiar las operaciones, y el comerciante libanés radicado en Paraguay, Hussein Mounir Mouzannar, quien habría facilitado documentación laboral falsa para obtener una identidad ficticia.