El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cuestionó la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional y puso en duda los argumentos oficiales al sugerir que podrían existir motivos ajenos a los expuestos públicamente. La medida fue aplicada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación por un plazo de 12 meses, a partir de presuntas irregularidades financieras y riesgos operativos.

A través de un audio difundido en X, vinculó la medida con el aterrizaje en Ushuaia de un avión de la Fuerza Aérea estadounidense con congresistas de ese país y afirmó que "es posible que Estados Unidos tenga una mirada geopolítica sobre el Atlántico Sur".

En ese sentido, remarcó que no encuentra fundamentos legales para la intervención y advirtió que la situación “abre un abanico de sospechas muy grande”, al señalar que hasta el momento no hubo respuestas concretas por parte del Ejecutivo. También habló de denuncias por presunto vaciamiento realizadas por trabajadores portuarios y la preocupación de las empresas navieras que operan allí.

Según informó la Embajada estadounidense, la visita estuvo vinculada a temas como medio ambiente, minería, residuos, investigación en salud y seguridad médica. “Si la intervención es ilegal e irracional, sin ningún tipo de fundamento, uno se pregunta cuál es el verdadero motivo detrás de esto: si hay algún negociado o si responde a una cuestión geopolítica”, sostuvo. Además, apuntó contra el hermetismo de la Casa Rosada respecto al arribo del Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea estadounidense.

Accionar judicial contra la intervención nacional del Puerto de Ushuaia

Luego de sus dichos, el gobernador Melella anunció una "acción judicial ante la Justicia Federal para anular la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, dispuesta sin sustento constitucional" al asegurar que "esta medida vulnera la autonomía de Tierra del Fuego y el régimen federal, desconoce el Convenio de Transferencia de 1992, nos otorga el dominio y la administración del puerto, y avanza sobre facultades que no le corresponden a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación".

"La intervención generó un sistema financiero por fuera del control provincial, desviando recursos que pertenecen a los fueguinos y poniendo en riesgo puestos de trabajo. Por ese motivo, solicité una medida cautelar urgente para evitar un daño irreparable derivado de la sustracción diaria de recursos y la consolidación de hechos de difícil reversión", añadió. Y concluyó: "Defender el Puerto de Ushuaia es defender la autonomía, el trabajo y los derechos de Tierra del Fuego, en el marco de la Constitución y del sistema federal argentino".