Las universidades públicas advirtieron que el ciclo lectivo 2026 podría no comenzar si el Gobierno nacional no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario. La advertencia se produce en un escenario marcado por reclamos salariales, tensiones presupuestarias y un reciente fallo judicial que ordena al Poder Ejecutivo garantizar los recursos previstos por la norma.

Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires señalaron que la continuidad académica depende de la aplicación efectiva de la ley, en especial tras la medida cautelar que dejó sin efecto el intento oficial de suspender su ejecución. El gremio sostiene que la falta de cumplimiento afecta tanto a los salarios como al funcionamiento general del sistema universitario.

“Si no pagan lo que marca la ley, no empiezan las clases”, afirmaron desde AGD-UBA en un comunicado, donde remarcaron que la resolución judicial obliga al Ejecutivo a respetar la normativa vigente. En ese marco, reclamaron que el Gobierno “pague inmediatamente el 46% que nos adeuda”.

Desde el sector universitario recordaron que la Ley de Financiamiento fue ratificada en cuatro oportunidades por la Cámara de Diputados durante los últimos meses, en un proceso atravesado por vetos presidenciales y discusiones presupuestarias que derivaron en la eliminación de artículos considerados centrales para el sistema educativo. Mientras tanto, docentes y autoridades universitarias mantienen el estado de alerta ante el deterioro del poder adquisitivo y la falta de definiciones oficiales.

El reclamo se respalda en una resolución del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional. El fallo ordena cumplir con los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario para recomponer salarios y becas, y declaró inaplicable el decreto 795/2025, mediante el cual el Ejecutivo había intentado suspender la norma.

En su decisión, el magistrado sostuvo que existe un supuesto de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” por parte del Estado y consideró que la omisión del Gobierno vulnera derechos constitucionales vinculados a la educación y a la autonomía universitaria, por lo que ordenó garantizar las partidas correspondientes conforme a lo establecido por la ley.