El Ministerio de Justicia decidió aplazar nuevamente la puesta en marcha del sistema procesal acusatorio en los tribunales de Comodoro Py y en toda la Ciudad de Buenos Aires. La medida fija como nuevo plazo el primer trimestre de 2026 y fue oficializada mediante una resolución firmada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien ejerce el cargo de forma interina mientras el ministro Mariano Cúneo Libarona se encuentra de licencia.

En el documento, la cartera argumentó que el retraso se debe a la “falta de traspaso de personal, deficiencias de infraestructura y demoras en las inversiones tecnológicas necesarias” para garantizar su funcionamiento. También remarcó que “la prioridad es garantizar un esquema que funcione correctamente”. Esta decisión reitera lo ocurrido en agosto, cuando el Gobierno había prorrogado la entrada en vigencia hasta el 10 de noviembre mediante el decreto 530/2025, al considerar que “a criterio del Gobierno Nacional se encuentran insatisfechas las condiciones para la implementación inmediata del Código Procesal Penal Federal”.

Desde la Procuración General de la Nación, encabezada de forma interina por Eduardo Casal, coincidieron en que “no se encuentran reunidos los requisitos técnicos, operativos y edilicios mínimos” para aplicar el nuevo sistema en la justicia federal porteña. La advertencia se da en un contexto complejo para el Poder Judicial, con el 32,5% de los cargos nacionales y federales vacantes y casi la mitad de las fiscalías sin titulares.

El Código Procesal Penal Federal había sido presentado en marzo del año pasado por Cúneo Libarona, quien lo definió como una herramienta para lograr “una justicia eficiente y rápida”. El ministro explicó que, bajo el esquema acusatorio, “las causas sean recibidas por el Ministerio Público Fiscal, que determinará cómo proceder. Primero analiza si vale la pena investigar eso, llamado principio de oportunidad. Luego, puede plantear un juicio abreviado, una probation o una reparación”.

Durante su presentación, también destacó que el nuevo modelo “prevé que el fiscal investigue, la defensa actúe y un juez imparcial se limite a intervenir en las decisiones jurisdiccionales”. Y concluyó: “Evitamos un tremendo daño para las víctimas, para el imputado y para la sociedad, que es la prolongación indebida de los procesos”.