El Gobierno oficializó el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a través de la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, que contempla la venta del 90% del paquete accionario al sector privado. Frente a esta medida, el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) expresó su rechazo y en un comunicado firmado por su secretario general, José Luis Lingeri, sostuvo que AySA es “una herramienta esencial para garantizar un derecho humano fundamental: el acceso al agua y al saneamiento”.

El texto gremial cuestionó además la información difundida por el Ejecutivo acerca del desempeño de la empresa. “El Gobierno dio a conocer cifras y conclusiones erróneas expresando que la gestión estatal de AySA ha sido ‘ineficiente y costosa’, ubicándola como 'el segundo peor operador de la región' en base a un cuadro comparativo”, señaló la organización.

En esa misma línea, se advirtió que “dicho indicador mide únicamente (el área de) la cobertura, sin considerar la calidad ni la performance en la operación del servicio. De este modo, se inducen conclusiones erróneas que no reflejan el verdadero trabajo y compromiso que día a día sostienen los trabajadores de la empresa”.

“Se mencionan necesidades de inversión por 15.000 millones de dólares y se asegura que el capital privado será la solución”, indicó el sindicato, para luego plantear: “Cabe preguntarse qué grupo empresario estaría dispuesto a invertir semejantes sumas para expandir el servicio, hacia sectores que necesariamente requieren subsidios estatales y que no representan rentabilidad inmediata. La experiencia histórica demuestra que la lógica del mercado no garantiza inclusión, sino que prioriza la rentabilidad por sobre el acceso universal”.

El documento subrayó que “el agua no es una mercancía, es un derecho humano esencial y un bien social que debe estar bajo la órbita del Estado, con gestión profesional y participación activa de sus trabajadores y trabajadoras”.

Por último, manifestó que “sostener que la privatización permitirá llegar a los 5 millones de argentinos sin agua y cloacas carece de sustento real”, y agregó: “En un esquema privatizado, nadie asume la responsabilidad de garantizar el acceso al agua y al saneamiento a la población más vulnerable”.