Diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para que el Congreso declare "persona no grata" a Peter Lamelas, propuesto como embajador de Estados Unidos en la Argentina, luego de que este realizara declaraciones que consideran ofensivas y violatorias de la soberanía nacional. El documento también solicita que el Poder Ejecutivo traslade la postura del Congreso al gobierno norteamericano.

Durante su exposición ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Lamelas se refirió a Cristina Kirchner como “procesada y culpable de fraude” y expresó que “si no fuera política, estaría en prisión”. Además, sostuvo que “está bajo arresto domiciliario debido a cierto favoritismo político que existe allí”. El diplomático también manifestó su intención de “vigilar que las provincias argentinas no hagan acuerdos con China” y dijo que mantendría una postura firme frente a “la influencia maligna” de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros.

En respuesta, la bancada que preside Germán Martínez remarcó en el proyecto que las afirmaciones de Lamelas implican una “injerencia indebida en los asuntos internos de la República Argentina” y que “desconocen el más elemental principio de soberanía popular”. En ese sentido, sostuvieron que el embajador pretende ejercer funciones fuera de su rol diplomático, como “denunciante, fiscal y juez de nuestra nación”.

El texto señala que las expresiones del funcionario propuesto por Trump se suman a una actitud que “no reconoce la existencia de un sistema federal de gobierno y las autonomías provinciales” y que “merecen el repudio absoluto de nuestras instituciones”. También advierte sobre la intención de “inmiscuirse en procesos judiciales internos como el caso AMIA o la situación procesal de la expresidenta”.

Por último, los diputados del interbloque señalaron que existe un “menosprecio de la autodeterminación de los pueblos” cuando Lamelas cuestiona vínculos comerciales entre provincias argentinas y países extranjeros. Según expresaron, estas afirmaciones exceden ampliamente el rol de un representante diplomático y atentan contra los principios básicos de respeto entre naciones soberanas.