La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, resolvió que el Estado argentino debe transferir el 51% de las acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días. La medida se enmarca en el fallo que condenó al país al pago de US$ 16.100 millones por la expropiación de la petrolera y responde a un pedido de los beneficiarios para avanzar con el cobro de la indemnización.

En la misma resolución, la magistrada instruyó que, una vez depositadas las acciones, el banco deberá transferir la propiedad a los demandantes o sus designados en un plazo de un día hábil. El fallo se sostiene en que “las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida”, y argumenta que las acciones de una empresa no gozan de inmunidad, al ser consideradas libremente transferibles bajo la legislación del Estado de Nueva York.

La jueza señaló además que el uso por parte del Estado argentino de su participación accionaria en YPF, incluyendo su cotización en Wall Street, el registro en la SEC y la colocación de deuda en el mercado estadounidense, configura una “actividad comercial”, por lo que no se encuentra protegida por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. También rechazó que existiera un “conflicto real” entre la legislación local y las órdenes del tribunal, al considerar que Argentina tiene herramientas para cumplir: puede cambiar la normativa o llegar a un acuerdo con los demandantes.

Ese mismo día, Preska dictó un segundo fallo en el que ordenó la entrega de parte de las acciones de YPF al fondo Bainbridge, en concepto de pago parcial por otra sentencia por US$ 95 millones más intereses. Bainbridge es uno de los fondos que también había solicitado información sobre activos del Estado, incluyendo las reservas de oro del Banco Central.

Ambas decisiones fueron difundidas por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, quien calificó el día como “una doble decisión adversa” para Argentina, ya que ambas están relacionadas con la misma tenencia accionaria sobre la empresa petrolera.

Los fallos aún pueden ser apelados. El Gobierno argentino ya había recurrido en 2023 la sentencia original por la expropiación de YPF, aunque sin depositar la garantía exigida, lo que abrió la puerta al proceso de ejecución.