La firma, con sede en Rosario, no pudo justificar movimientos de productos sensibles ni presentó la documentación requerida por la normativa vigente.

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La medida establece una espera mínima de 48 horas tras el vencimiento del plazo para presentar excepciones. También se incorpora un procedimiento especial para casos de traba anticipada con distancia mayor a 100 km y previa notificación electrónica.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una serie de cambios en los procedimientos vinculados a embargos y ejecuciones fiscales, con el objetivo de establecer plazos y condiciones precisas para su implementación. La adecuación se formalizó a través de la Disposición 120/2025, publicada en el Boletín Oficial.
Entre los cambios más relevantes se establece que la medida cautelar de embargo ya no será inmediata tras la demanda, como ocurría previamente. Ahora, solo podrá ejecutarse una vez transcurridas 48 horas desde el vencimiento del plazo para la presentación de excepciones, y siempre después de la notificación correspondiente al contribuyente. De este modo, se incorpora un margen de tiempo que permite a la persona regularizar su situación fiscal antes de la intervención directa del organismo.
La normativa también contempla una excepción. El representante fiscal podrá solicitar la traba anticipada del embargo cuando la distancia entre el domicilio del contribuyente y la sede desde donde se emite la notificación supere los 100 kilómetros. Para hacerlo, deberá contar con autorización judicial. En estos casos, ARCA deberá enviar previamente al domicilio fiscal electrónico el detalle de la deuda, lo cual constituye una novedad respecto a los procedimientos anteriores.
En ese contexto, el contribuyente dispondrá de cinco días para cancelar el monto reclamado antes de que la medida sea efectiva. Ese plazo, hasta ahora, no estaba formalmente estipulado. Desde ARCA señalaron que estas modificaciones forman parte de una serie de acciones orientadas a facilitar la regularización de deudas fiscales en todo el país.
La firma, con sede en Rosario, no pudo justificar movimientos de productos sensibles ni presentó la documentación requerida por la normativa vigente.
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