La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció recientemente que se dará de baja el Reprocann, el registro que permite cultivar cannabis con fines medicinales en Argentina. Aunque desde el gobierno luego moderaron el mensaje y hablaron de una “reestructuración” en lugar de una eliminación total, la idea ya estaba instalada: criminalizar a quienes hasta ahora actuaban dentro del marco legal.

Para entender qué tan viable —y legal— es este anuncio, hablamos con Ivana Vigilante, abogada y comunicadora especializada en cannabis, una de las principales voces del movimiento por el acceso seguro y regulado a esta planta.

Ivana no duda en calificar la medida como absolutamente ilegal: “Dar de baja el Reprocann sería ir en contra de derechos adquiridos, violar tratados internacionales y la Constitución. Sería como declarar de un día para el otro que los hospitales públicos dejan de ser públicos”. El cannabis medicinal, recuerda, "está reconocido como parte del derecho a la salud". Por eso, dar de baja los permisos no es una opción legal, ni ética, ni viable.

Además, aclara que Bullrich no tiene atribuciones para tomar una decisión así. “El Reprocann depende del Ministerio de Salud. Bullrich es ministra de Seguridad. Se está metiendo en algo que no le corresponde. No tiene competencia”, explica. Sin embargo, su anuncio ya tuvo efectos: “Generó pánico en más de 200.000 personas que están inscriptas legalmente y otras 100.000 que están en proceso de inscripción. Gente que declaró dónde cultiva, cómo lo hace y para qué, ahora siente que puede ir presa de un día para el otro”.

Las consecuencias, según la abogada, serían múltiples. Se judicializarían cientos de miles de causas, se colapsarían tribunales y cárceles, y el Estado enfrentaría una avalancha de demandas por violación de derechos adquiridos. “Solamente en honorarios, cada juicio costaría al Estado más de un millón de pesos. Hablamos de una posible deuda pública de 300 mil millones”, advierte.

Aun así, no cree que el gobierno avance con la baja del Reprocann, al menos de forma directa. “Como no pueden eliminarlo legalmente, lo que van a hacer es poner trabas. Ya lo están haciendo”, asevera. Entre esas trabas, enumera la exigencia de diplomaturas específicas para médicos que recetan cannabis, mayores requisitos para ONG y personas autorizadas, y reglas que discriminan incluso más que en otras áreas de salud. “Ni siquiera para recetar morfina te piden una diplomatura”, señala.

Respecto a la posibilidad de desvío del cannabis medicinal al mercado ilegal —una de las principales excusas del gobierno—, Ivana reconoce que el problema existe, pero afirma que ya hay una herramienta para abordarlo: el Ariccame, la agencia estatal creada por ley para regular el cáñamo industrial y el cannabis medicinal. “El Ariccame debería estar emitiendo licencias para que quienes quieran comercializar lo hagan dentro del sistema legal. Pero no se están entregando licencias. La ley existe, pero no se aplica”, denuncia.

La falta de una mirada integral impide avanzar hacia un modelo más justo. El único uso legal del cannabis hoy en Argentina es el medicinal. Pero, ¿quién define qué es salud? Ivana Vigilante lo plantea así: “Una persona que fuma para dormir mejor o relajarse, ¿no está cuidando su salud mental? Según la OMS, salud es un estado de bienestar físico, mental y social. Entonces sí, es salud”.

Además, alerta sobre un uso abusivo del cannabis y llama a un consumo consciente. “Tiene que ser una herramienta, no un atajo para tapar otros problemas. Es clave poder evaluar si te está haciendo bien o mal. Hay gente que necesita fumar todo el día para funcionar. Eso no está bueno tampoco”, reflexiona.

Sobre la idea de que “la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas”, como sostuvo Bullrich, la abogada y comunicadora revierte la lógica: “Para muchas personas es una puerta de salida. Gente que consumía drogas más duras y que ahora encontró en el cannabis una alternativa menos nociva”.

Mientras tanto, otras partes del mundo avanzan con modelos de regulación más amplios. Canadá legalizó el uso recreativo y ahora debate incluso sobre la cocaína. En California, el cannabis reflotó una economía estatal quebrada. “La clave está en regular: saber quién consume, qué se consume y con qué calidad. No fomentar el consumo, sino controlarlo. Lo clandestino es siempre más peligroso”, apunta.

En Argentina, ante la inacción nacional, algunas provincias avanzan por su cuenta. Chubut, Entre Ríos, Salta, Mendoza y Buenos Aires ya trabajan en legislaciones propias. “La salud es una facultad no delegada, por eso cada provincia puede generar sus propios registros. Yo misma participé en la redacción de la ley en Chubut, donde los productos se dispensan a través de farmacias”, detalla.

Vigilante cierra con un mensaje claro: “Hoy hay una gran parte de la población que consume cannabis. El Estado puede tomar dos caminos: negar esta realidad o regularla. Si decide mirar para otro lado, el consumo va a seguir, pero de forma clandestina, y con mayores riesgos. Si decide tomar el control, puede reducir el narcotráfico, evitar intoxicaciones y garantizar derechos”.