Las autoridades provinciales le adjudicaron el retraso del pago, previsto para el 26 de diciembre, a una cuestión administrativa.
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La decisión, hasta el momento, recae en el juez Lijo, que reemplaza a Julián Ercolini durante la feria judicial.
Mientras avanza la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez, el ex presidente Alberto Fernández solicitó a la Justicia el cese de la prohibición de salida del país impuesta tras la denuncia de su ex pareja. Este pedido, presentado por sus abogados, busca permitirle cumplir con compromisos laborales y personales.
El fiscal Carlos Rívolo avaló la solicitud con la condición de que Fernández no viaje a España, donde reside Yañez. La decisión final recae en el juez Ariel Lijo, quien actualmente reemplaza a Julián Ercolini durante la feria judicial.
En otro avance del caso, presentó un escrito solicitando el regreso inmediato de su hijo Francisco a la Argentina y la garantía de su seguridad y contacto paterno. Según el documento difundido por TN, Fernández argumentó que la retirada de la custodia oficial de Yañez, ordenada tras una solicitud del presidente Javier Milei, pone en riesgo la seguridad e integridad del menor.
Recientemente, el juez Christian Brandoni ordenó una prohibición de contacto de 90 días entre Yañez y Fernández, determinando que no deben mantener ningún tipo de comunicación, excepto en lo relacionado con la patria potestad de su hijo en común. Además, ambos fueron instados a abstenerse de difundir información relacionada con el contenido de la causa o su hijo menor.
En cuanto a la causa judicial, Alberto Fernández fue citado a declaración indagatoria para el 4 de febrero, una convocatoria realizada por el juez federal Julián Ercolini, quien fue ratificado al frente del caso por la Cámara Federal porteña. Su defensa había intentado trasladar la investigación al fuero contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, pero este pedido fue rechazado, y la citación inicial del 17 de diciembre fue suspendida.
Las autoridades provinciales le adjudicaron el retraso del pago, previsto para el 26 de diciembre, a una cuestión administrativa.
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