En medio del receso de verano y todavía sin definiciones claras respecto de si se va a convocar o no a sesiones extraordinarias, el Gobierno envió al Senado el pedido formal de ascenso de militares que estaban frenados por ser parientes de represores.

La decisión lleva la firma tanto del presidente Javier Milei, como del ministro de Defensa, Luis Petri, con fecha del 23 de diciembre, aunque ingresó a la Cámara alta tres días más tarde.

Los uniformados en cuestión están esperando desde el 2010 sus respectivas promociones. Desde aquel año, en el comienzo de la administración de Cristina Kirchner, la entonces titular de la cartera de Defensa, Nilda Garré, a través de la Resolución 1581, pasó a retiro a decenas de militares de alto rango.

Esta medida se debió a que todos ellos tenían algún tipo de lazo sanguíneo -en general eran hijos o sobrinos- con represores o personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

En la Armada, los afectados fueron los capitanes de fragata Marcelo Barbich, Gustavo Barreto Neuendorf, Juan José Lucena, Eduardo Enrique Pizzagalli, Jorge Emilio Sciurano y James Ronald Whamond.

“Tengo el agrado de dirigirme en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13 de la Constitución Nacional, con el objeto de solicitarle el Acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2018 al Personal Militar Superior de la Armada Argentina”, señala la nota enviada al Senado esta semana.

De esta manera, si se aprueba la solicitud, los uniformados serán promovidos con carácter retroactivo desde el mencionado año, ya que “reúnen las condiciones exigidas por la Ley”.