La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Según informaron fuentes judiciales, el sacerdote Alberto Daniel Sardá fue hallado culpable de abuso y hostigamiento por la justicia de Mendoza. Como resultado, tanto él como el Arzobispado de Mendoza fueron condenados por la justicia civil a pagar una indemnización de 13 millones de pesos.
La justicia de Mendoza encontró culpable al sacerdote Alberto Daniel Sardá por abuso y hostigamiento, condenándolo junto al Arzobispado de Mendoza a pagar la suma de 13 millones de pesos en indemnización a una mujer que fue víctima cuando era menor de edad en el departamento mendocino de San Martín. El veredicto, emitido por el Tercer Tribunal de Gestión Asociada de Mendoza bajo la magistratura de María Angélica Gamboa, se recibió con impacto en toda la región.
La resolución del tribunal, fechada el 28 de febrero de 2024, establece que Sardá y el Arzobispado tienen un plazo de diez días para abonar la indemnización a la demandante, cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones legales.
El abogado de la víctima, Carlos Lombardi, explicó que esta condena en sede civil representa un “resarcimiento por los daños” derivados de la violencia de género perpetrada por el cura y el Arzobispado de Mendoza.
Además, aclaró que, en "el fuero penal el cura fue sobreseído no porque fuese inocente, sino por la prescripción de la acción penal que se aplica restrictivamente pero que indica que el Estado no puede seguir persiguiendo delitos por el paso del tiempo. No es porque la persona sea inocente o no se hayan cometido los hechos".
El expediente judicial reveló que los abusos sexuales ocurrieron cuando la víctima era menor de edad y Sardá ejercía como sacerdote en la parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en el distrito de Palmira, en la localidad mendocina de San Martín.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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