Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

Nueva marcha de jubilados e incidentes en el Congreso
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Ante una multitud en Plaza de mayo, organismos de derechos humanos reclamaron el miércoles 10 de mayo a la "corporación judicial" que escuche el reclamo de la sociedad contra los beneficios a represores de la dictadura y advirtieron que no claudicarán con su reclamo "nacional e internacional" contra el 2x1.
“El miércoles pasado cuando la Corte Suprema de Justicia aprobó por mayoría el vergonzoso fallo que beneficia con el 2x1 al genocida Luis Muiña abrió la puerta a la impunidad. No queremos convivir con los asesinos más sangrientos de la historia argentina, ni que nuestros hijos ni las futuras generaciones tengan que hacerlo ”, expresó la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, ante la multitud.
Mientras que, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, confesó que la reacción de la sociedad las llena de esperanza. Además, le pidió a los representantes de los tres poderes del Estado que tomen el reclamo del pueblo para "que se de vuelta el fallo antidemocrático y prodictadura".
Los manifestantes utilizaron pañuelos blancos para acompañar el reclamo, que desde el día previo a la manifestación se regalaron en distintos puntos de la Ciudad.

Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
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El hecho ocurrió en el Centro de Educación Operacional de Monte Caseros y es investigado por la Justicia federal y provincial, con intervención de Gendarmería Nacional y actuaciones administrativas internas.
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Las resoluciones incluyeron decisiones unánimes, avances probatorios y citaciones, en el marco de expedientes que analizan presuntos delitos, conductas funcionales y responsabilidades disciplinarias de jueces en actividad.
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La conducción cegetista alertó sobre el clima político y anunció medidas de seguridad tras episodios que incrementaron la preocupación sindical.
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La sesión incluyó también los proyectos de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal, y evidenció un escenario parlamentario fragmentado, con rechazos anunciados y negociaciones abiertas.
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El requerimiento alcanza a los estados contables y financieros de ambas entidades y se da en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, con pedidos de documentación adicional y explicaciones sobre cifras millonarias.
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