El organismo quedó paralizado por desacuerdos en la elección de autoridades y ahora se propone modificar la normativa para destrabar el funcionamiento.

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Según trascendió, el Instituto Nacional de Cine y Audiovisuales (INCAA) adquirió varios tipos de artículos de librería en un lapso de cuatro meses y pagó $6.487.600. El dato se conoció a raíz de una denuncia anónima y la Unidad de Transparencia Institucional (UTI) confirmó los gastos.
Según detalló compraron fotocopias, cuadernos, lapiceras, tarjeteros, catálogos y multipuertos USB. Además, la UTI pudo comprobar que los gastos fueron facturados por montos menores a los 500 mil pesos para evitar el llamado a licitación y el control de autoridades superiores.
Se gastaron casi 7 millones de pesos en fotocopias en el INCAA de Enero a Abril de 2018. Separaron a cuatro funcionarios actuales. Cada factura es de 400 mil pesos. pic.twitter.com/yUdDVuSO0q
— Rodrigo Alegre (@rodrialegre) 25 de mayo de 2018
La Gerencia de Relaciones Internacionales del INCAA, desde donde se efectuaron los gastos entre enero y abril de este año, está siendo investigada por la Justicia por malversación de fondos públicos y ya fueron suspendidos algunos funcionarios.
Los afectados fueron Bernardo Ernesto Bergeret Balverde, Alejandro Righini y Pablo Ezequiel Maggioni. Righini fue suspendido por 30 días mientras que Maggioni fue separado del Departamento de Compras mientras se lleven a cabo las investigaciones, aunque continuará en el organismo.
Además, la Oficina de Anticorrupción está analizando si estos empleados estaban relacionados con las empresas proveedoras: la Gráfica Paysandú, Item 54, Visual Comunication, Hidden Castle y Print Forms.
No es la primera vez que el Incaa queda en el medio de la polémica. Hace un año, el Gobierno echó al director, Alejandro Cacetta, acusándolo de no haber tenido "velocidad" en resolver determinadas acusaciones de corrupción que había en el organismo.
Además, en abril pasado el juez Claudio Bonadio procesó a tres ex presidentes del instituto durante el kirchnerismo por el delito de defraudación a la administración pública debido al manejo de fondos destinados a subsidios de fomento de la cinematografía.
El organismo quedó paralizado por desacuerdos en la elección de autoridades y ahora se propone modificar la normativa para destrabar el funcionamiento.
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