Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

Nueva marcha de jubilados e incidentes en el Congreso
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En la tarde del jueves 2 de agosto, el ex asesor del Ministerio de Planificación Federal Hérnan Gómez se presentó en los tribunales de Comodoro Py y se puso a disposición de la Justicia.
Se entregó en presencia de sus abogados ante el juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la causa que investiga el supuesto pago de coimas en la obra pública durante el gobierno kirchnerista.
Con Gómez, ya son 14 los detenidos por esta investigación. Según informó la agencia de noticias NA, el ex funcionario quedó formalmente detenido y prestará declaración indagatoria.
Mientras tanto, continúan prófugos Francisco Valenti, ex vicepresidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa); Juan Carlos Goycochea, de la compañía Isolux; Oscar Thomas, ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá y Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
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El hecho ocurrió en el Centro de Educación Operacional de Monte Caseros y es investigado por la Justicia federal y provincial, con intervención de Gendarmería Nacional y actuaciones administrativas internas.
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Las resoluciones incluyeron decisiones unánimes, avances probatorios y citaciones, en el marco de expedientes que analizan presuntos delitos, conductas funcionales y responsabilidades disciplinarias de jueces en actividad.
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La conducción cegetista alertó sobre el clima político y anunció medidas de seguridad tras episodios que incrementaron la preocupación sindical.
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La sesión incluyó también los proyectos de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal, y evidenció un escenario parlamentario fragmentado, con rechazos anunciados y negociaciones abiertas.
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El requerimiento alcanza a los estados contables y financieros de ambas entidades y se da en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, con pedidos de documentación adicional y explicaciones sobre cifras millonarias.
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