A través del Fondo de Emergencia para el Patrimonio, la institución global comenzará el lunes una pesquisa en las 40 instituciones culturales afectadas.

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La causa es en la que Mauricio Macri se encuentra imputado por el supuesto espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan.
Alberto Fernández, el presidente de la república, les quitó “la obligación de guardar secreto y confidencialidad” al exministro de Defensa, Oscar Aguad, al exsecretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis y al diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Cristian Ritondo, entre otros, con el fin de que declaren en la causa que se refiere al supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan que involucra al exmandatario Mauricio Macri.
La decisión, oficializada hoy a través del Boletín Oficial del decreto 762 -en la que firma el presidente Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Justicia Martín Soria- atañe también al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Pablo Cecati, al extitular de la Casa Militar José Luis Yofre, a Alejandro Daniel Guglielmi y a la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.
Fue a partir de un pedido del juez subrogante de Dolores, Martín Bava, que se formó la normativa, que se basa "en atención a lo solicitado por la defensa del imputado ingeniero Mauricio Macri en su presentación escrita realizada en el marco de la audiencia indagatoria de fecha 3 de noviembre de 2021, y con el fin de evitar dispendios jurisdiccionales y eventuales planteos de las partes".
El decreto alega que "en la causa mencionada se investiga la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que haya sido necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación, conforme establece la Ley 25.520".
Así fue que el jueves Bava atendió a un pedido de la defensa de Macri y citó a exfuncionarios de su Gobierno para que declaren como testigos. Las únicas excepciones se dan en los casos de Caamaño y Ritondo, que serán tomados como testigos pero recibirán un pliego de preguntas para responder según sus respectivas funciones institucionales. Además, Bava rechazó el pedido de citar a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich porque “no guarda relación con el objeto procesal de la presente causa”.
Ese mismo jueves el expresidente presentó un escrito, sin hacer descargo oral ni responder preguntas, en el que aseguró que nunca espió ni ordenó espiar a nadie y acusó al juez de actuar motivado por aficiones políticas. Además, pidió citar a declarar como testigo a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que explique cómo se dio el hallazgo de los elementos que dieron origen a la denuncia.
A través del Fondo de Emergencia para el Patrimonio, la institución global comenzará el lunes una pesquisa en las 40 instituciones culturales afectadas.
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