El esquema tarifario para usuarios alcanzados por el régimen de “zona fría” atraviesa una nueva etapa de revisión y podría derivar en importantes aumentos en las boletas de gas durante los próximos meses. La preocupación crece especialmente en provincias patagónicas, regiones del centro del país y municipios incorporados al beneficio desde 2021.

El régimen de zona fría otorga descuentos sobre las tarifas de gas natural para hogares ubicados en áreas con bajas temperaturas. Dependiendo de la categoría del usuario, las bonificaciones pueden alcanzar entre el 30% y el 50% del valor total del servicio.

Sin embargo, el Gobierno nacional viene avanzando en una fuerte reducción de subsidios energéticos y analiza modificaciones que impactarán directamente sobre el costo final que pagan millones de usuarios residenciales. Según estimaciones del sector energético, algunos hogares podrían enfrentar incrementos superiores al 100% respecto de las facturas del año pasado.

El impacto sería particularmente fuerte en usuarios de ingresos medios que actualmente reciben subsidios parciales y que podrían perder parte de los beneficios en el nuevo esquema de segmentación tarifaria impulsado por el Ministerio de Economía.

Especialistas del sector energético advirtieron además que el aumento coincidirá con los meses de mayor consumo residencial por calefacción, lo que podría disparar aún más el valor de las boletas durante el invierno. En regiones patagónicas y del sur bonaerense, el gas representa un gasto esencial para sostener temperaturas habitables dentro de los hogares.

El régimen de zona fría fue ampliado en 2021 mediante una ley aprobada por el Congreso que incorporó a más de tres millones de usuarios adicionales de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis y Santa Fe. Desde entonces, el beneficio quedó en el centro de debates políticos y económicos sobre subsidios energéticos.

Desde el oficialismo sostienen que la reducción de subsidios busca corregir distorsiones fiscales y avanzar hacia un esquema de precios “más realista” para los servicios públicos. No obstante, organizaciones de consumidores y gobiernos provinciales advierten sobre el impacto social que podría tener la medida en un contexto de caída del poder adquisitivo.

Las distribuidoras y entes reguladores todavía trabajan en la definición final de cuadros tarifarios y mecanismos de actualización, por lo que el porcentaje exacto de aumento variará según la región, el nivel de ingresos y el consumo de cada hogar.